Las próximas semanas serán cruciales para la política comercial de Donald Trump. El viernes pasado, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal decidió que la mayoría de los aranceles impuestos por el mandatario eran ilegales y le dio tiempo al gobierno norteamericano hasta el 14 de octubre para que apele el fallo ante la Corte Suprema. Si la decisión se ratifica, la administración debería dar marcha atrás y devolver más de u$s96.000 millones recaudados por los nuevos recargos a las importaciones. Aunque existen vericuetos legales con los que podría mantener las medidas arancelarias, según analistas.
El fallo, con 7 votos a favor y 4 en contra, abordó la legalidad de los aranceles "recíprocos" impuestos en abril como parte de su guerra comercial, así como los tributos impuestos en febrero a China, Canadá y México, vinculados, según la administración de Trump, al tráfico de fentanilo. En ambos casos, se amparó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.
Por ese motivo, la decisión del tribunal no afectó a los aranceles impuestos bajo otras normativas, como es el caso de los impuestos a las importaciones de acero, aluminio y autos, que fueron impulsadas por la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.
El fallo, con 7 votos a favor y 4 en contra, abordó la legalidad de los aranceles "recíprocos" impuestos en abril como parte de su guerra comercial, así como los tributos impuestos en febrero a China, Canadá y México, vinculados, según la administración de Trump, al tráfico de fentanilo. En ambos casos, se amparó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.
Por ese motivo, la decisión del tribunal no afectó a los aranceles impuestos bajo otras normativas, como es el caso de los impuestos a las importaciones de acero, aluminio y autos, que fueron impulsadas por la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.
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